Corruptos y corruptores

Llama mucho la atención que, en una democracia moderna, con una administración profesionalizada y gran experiencia en la lucha contra la corrupción, se puedan cometer delitos de tanta envergadura como los que se dan en nuestro país. Que las mesas de contratación en primera instancia y las intervenciones en última no detecten irregularidades tan grotescas como las adjudicaciones fraudulentas a las que estamos asistiendo en los últimos años, con este gobierno y con el anterior, llama la atención de cualquier ciudadano bien intencionado.

Puede haber corruptos entre los políticos, pero que los órganos de control fallen resulta incomprensible. Salvo que haya complicidad y no estemos ante casos aislados protagonizados por delincuentes, sino frente a un sistema administrativo viciado, lo que sería mucho más preocupante. A los ladrones se les puede juzgar y meter en la cárcel si se descubren sus robos, pero mientras no se depuren responsabilidades entre los encargados de filtrar las ofertas la corrupción seguirá campando por sus respetos. Parece como si aquel viejo dicho de pon mis papeles encima de los de los demás no fuera una gracia sino un modus operandis.

Hay algo que además llama la atención. En un caso de corrupción hay siempre un corruptor y un corrupto. No sólo hay que perseguir a los segundos, también a los primeros, porque mientras los empresarios sigan haciendo de su capa un sayo, siempre encontrarán a alguien que acepte mordidas. En el último escándalo que ha saltado al escenario público, el caso Cerdán, se habla mucho y con razón de los presuntos delincuentes, pero da la sensación de que los empresarios afectados pasan desapercibidos. Supongo que no será así y que en su momento se les exigirá responsabilidades, aunque de momento se oigan tan pocas críticas. 

Este es un asunto muy serio, ya que si, como sospecho, los engranajes de control están dañados, jamás se acabará con la corrupción, porque siempre habrá algún delincuente a disposición de los que pagan comisiones. El gobierno  debería iniciar inmediatamente una rigurosa revisión de los procedimientos y de los órganos de contratación responsable de las adjudicaciones. Seguramente se dirá que su funcionamiento está perfectamente regulado y que los casos que van surgiendo no son más que excepciones, pero la sensación que nos queda a los ciudadanos es que no es así.

Lo más lamentable de todo es que, cuando los corruptos son políticos, los legítimos mecanismos de la democracia se ponen en marcha para depurar responsabilidades. Pero cuando se trata de fallos organizativos de la administración no se oye un ruido, como si no hubiera nadie a quien le preocupara esta parte de la corrupción.

Además, sospecho que si a las empresas pagadoras de comisiones ni se las nombra en este último caso, debe de ser o porque la oposición no saca provecho de ello o porque teme enfrentarse a la patronal.