Reino o república

Si el título que hoy he elegido fuera la pregunta que se hiciera en un supuesto referéndum, yo contestaría, sin dudarlo ni un instante, república. Digo esto de antemano, para que la reflexión que viene a continuación no induzca a errores sobre mi posición política en este asunto. Estamos tan acostumbrados a la falsificación de las palabras, a la tergiversación de los conceptos, que a veces me veo obligado a establecer alguna premisa aclaratoria antes de entrar en materia. Pero hecha ésta, vayamos al grano.

Cuando hace cuarenta años se aprobó la Constitución, lo que en realidad se firmó fue un pacto de no agresión entre los españoles que habían vivido la guerra civil en cualquiera de sus dos bandos o crecido bajo la influencia de las consecuencias del conflicto. Como en todo compromiso, las dos partes tuvieron que hacer concesiones y aceptar cláusulas que no les gustaban porque iban en contra de sus principios programáticos. La aceptación de la forma de estado como reino fue una de ellas. La monarquía formaba parte del legado de la dictadura, arrastraba una historia de comportamientos poco edificantes y la rémora de haber amparado la injusticia y la desigualdad entre los españoles durante siglos; pero inmersa en un sistema constitucional y parlamentario quizá pudiera resultar práctica. Al menos así lo pensaron aquellos que, aun prefiriendo un sistema republicano, votaron sí a la nueva Carta Magna. Yo fui uno de ellos.

No voy a hacer ahora balance de sus errores y de sus aciertos durante estos años, porque ese no es el objetivo que me he marcado hoy. Lo que quiero resaltar ahora es que, pasados cuatro décadas desde su reimplantación, la monarquía se ha convertido por la fuerza de los hechos y no por méritos propios en una pieza, no digo fundamental, pero sí incrustada en el imaginario colectivo nacional e internacional. Lo que significa que cualquier revisión precipitada de la forma de estado podría producir una inestabilidad política muy peligrosa para el país. No porque la monarquía sea imprescindible, que a mi juicio no lo es, sino porque se trata de una institución imbricada en las estructuras sociales a todos los niveles. Moverla sin la debida cautela y sin el consenso necesario podría traer consecuencias inimaginables. De ahí que el actual gobierno, que nada tiene de monárquico, esté tratando el tema con prudencia, toreando con miramientos alambicados la situación provocada por los últimos escándalos reales que están saliendo a la luz. Serían unos irresponsables si no lo hicieran así, como lo son los que ahora le exigen contundencia.

El debate se ha abierto. En realidad nunca se cerró del todo, aunque sí es cierto que durante mucho tiempo ha permanecido en un curioso estado de hibernación, más allá de que algunos -muy pocos y “sotto voce”- lo hayan sacado a la palestra de cuando en cuando para adornar sus reivindicaciones sociales, para darle más garra a su inconformismo. Pero ahora la polémica se recrudece, porque, como le oí decir hace tiempo a  un viejo republicano, se les regala una corona y hacen con ella lo que les viene en gana. No me parece mal que se debata, pero sin demagogia, sin saltos en el vacío, sin “guillotinas”. En el mejor de los casos, revertir la situación llevará tiempo, porque la monarquía cuenta con apoyos populares y también y sobre todo de alto copete, en el extenso sentido de esta última expresión.

La estabilidad, un concepto muy manoseado y muy poco entendido, tiene un precio. No la tiremos por la borda aunque el cuerpo nos lo esté pidiendo a gritos.