Empezaré diciendo que no acabo de entender por qué, siendo la
judicatura uno más de los tres poderes del Estado, no se pueda opinar sobre sus
decisiones. Una cosa es acatarlas y otra silenciar los
defectos que se observen en los procedimientos. Si los jueces pueden cuestionar
la conveniencia de determinadas leyes que ha aprobado el poder legislativo y nada les impide que se manifiesten ante decisiones del poder ejecutivo, no se acaba de entender que los demás no podamos debatir
sobre la procedencia o improcedencia de las decisiones judiciales.
Dicho esto a modo de introducción aclaratoria, no me queda
más remedio que decir que la retirada del pasaporte a la mujer del presidente
del gobierno me parece un auténtico disparate, sólo justificable por la presunta inquina
que el magistrado que la ha dictado pueda tener a Pedro Sánchez. Es una medida
cautelar absolutamente innecesaria y humillante, cuyo
único objetivo aparente es denigrar al procesado.
Pero es que, además, justificarla en base a que sus
escoltas pueden ayudarla a salir del país, no sólo es un insulto a la policía, también
a la inteligencia de los españoles. A nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que
Begoña Gómez vaya a tomar las de Villadiego, siendo la mujer del presidente del gobierno español. Sólo suponerlo denigra al que lo supone.
Por otro lado, someter el veredicto de un posible juicio a la voluntad de un jurado popular no tiene más sentido que exponer a una
persona relacionada con un político al juicio partidista de sus miembros.
Un auténtico dislate procesal, una sorprendente muestra de parcialidad, que no debería sorprendernos si tuviéramos en cuenta que, desde el principio del proceso, al juez instructor se le han ido viendo las intenciones, muchas de ellas corregidas por instancias judiciales superiores.
Resulta muy difícil entender cómo la propia judicatura no
reacciona contra todo este cúmulo de despropósitos, un proceso que ha nacido como consecuencia
de las acusaciones particulares de organizaciones de la ultraderecha y que no
cuenta con el respaldo de la fiscalía. Yo, como tantos españoles, quiero seguir confiando en la justicia en su conjunto; pero cuando la judicatura se
divide en bandos opuestos, cuando los órganos de gobierno de los jueces se
comportan como parlamentos políticos y no como instituciones reguladoras del
orden y concierto en la administración de justicia, me entran
serias dudas respecto a la calidad de la justicia en mi país.
Porque todo esto me parece un auténtico despropósito.



















