Pero no sólo no soy juez, sino que además carezco de la
formación jurídica necesaria para opinar sobre ciertos temas con soltura,
aunque no me falta ni sentido común ni criterio suficiente para dar mi opinión
como ciudadano libre que, por si fuera poco, vive en un país democrático. Por
eso, digo y repito que las actuaciones del juez de instrucción responsable del
llamado caso Begoña son inauditas. No sólo decidió tomar medidas cautelares
contra la mujer del presidente del gobierno español, basándose en un hipotético
riesgo de fuga, sino que, además, cuando la investigada solicita que se le
devuelva temporalmente el pasaporte para acompañar a su marido a una reunión
internacional, se marcha de vacaciones y deja la decisión en manos de un
sustituto.
Si esto no es lawfare, que venga Dios y lo vea. Se le
ve tanto la intención de hacer daño, que provoca indignación en la ciudadanía.
Con estos casos a la vista, nada tiene de sorprendente que los sondeos de opinión muestren
que dos de cada tres españoles crean que la justicia en España deja mucho que
desear. Porque, aunque sean aislados y minoritarios, influyen en la opinión de manera muy negativa.
En un estado de derecho como es el nuestro, la corrección de
estas desviaciones sólo puede proceder de la propia judicatura. Si no lo hace,
si el poder judicial permite que las arbitrariedades continúen, estará
contribuyendo a aumentar el descrédito de la institución. Son ellos los únicos
que puede expedientar a un juez y deben hacerlo cuando, como es el caso que
refiero, queda claro y manifiesto que no se está actuando con el rigor debido.
Este asunto no es baladí, ni mucho menos. Entre otras cosas
porque demuestra un claro espíritu corporativista, que, si bien pudiera
justificarse por la prudencia debida ante situaciones procesales delicadas,
cuando se ve con claridad la mala intención no hay excusa para mirar a otro
lado. Pone en entredicho todo un sistema judicial, lo que significa que
contamina de manera muy peligrosa la democracia. Sin una judicatura a la altura
de las circunstancias, no hay estado de derecho.
No, no soy juez. Es posible que si lo fuera me sintiera con
las manos atadas por la inercia corporativa. Pero como no lo soy, no pararé de
reclamar a la judicatura que pongan en orden su casa, porque se están haciendo
daño ellos mismos y nos lo están haciendo a los demás.



















