Juan Palomo

La pandemia que estamos sufriendo debería traer, entre otras muchas consecuencias, un cambio sustancial en los mecanismos que rigen la relaciónentre entre el Estado y las autonomías. Se trata, por supuesto, de una opinión muy personal, sin más sustento que la impresión que me están causando las constantes disfunciones que se observan todos los días en la organización territorial de nuestro país. Quiero dejar claro desde el primer momento que yo siempre he aceptado el diseño que en su momento hicieron los constituyentes, decisión trascendental que interpreté y sigo interpretando como un acierto.

Hasta ahora, desde que se aprobó la Constitución, nada había sucedido en España que requiriera una absoluta y total coordinación entre el Estado y las comunidades que lo forman. Las competencias transferidas otorgan a estas últimas absoluta libertad para gestionar los asuntos que entran dentro de su jurisdicción y, por tanto, no era necesario que el gobierno central interviniera en ellos. Sin embargo, con la aparición de la pandemia se han puesto en evidencia, no sólo las debilidades de las partes, sino también la deslealtad de alguna de ellas hacia el conjunto. A medida que se fueron aprobando las distintas prórrogas del estado de alarma empezaron a surgir resquemores por todas partes, acusaciones de intromisión del Estado en las competencias transferidas, prisas por acabar con la excepcionalidad y boicoteo parlamentario en sus renovaciones. Yo me lo como y yo me lo guiso, reclamaban algunos. Qué intenta el gobierno interviniendo en lo que no debe, se preguntaban otros.

Pero cuando los sistemas sanitarios de las comunidades se han vuelto a poner a prueba y sus gobernantes han sido incapaces de contener la creciente expansión del virus, todos aquellos que en su momento protestaban vuelven la mirada hacia el gobierno central, solicitándole que intervenga. Han cambiado las tornas y donde antes decían digo dicen ahora Diego. Un auténtico esperpento que pone en evidencia que algo se ha desajustado en la arquitectura constitucional y requiere reparación urgente o, quizá, que algunos cabos quedaron mal atados desde el principio.

El gobierno actual ha puesto de moda el término “cogobernanza”, cuyo significado está claro, aunque algunos no lo quieran entender. También ha fomentado de manera extraordinaria las reuniones de presidentes de comunidad, un mecanismo constitucional que hasta ahora apenas se utilizaba. Lo primero es un llamamiento a la corresponsabilidad, un recordatorio de que en determinados asuntos se precisa reforzar los lazos de colaboración entre las comunidades y el Estado. Lo segundo persigue fomentar la imprescindible lealtad institucional, que lamentablemente se transgrede con demasiada frecuencia, no sólo por los independentistas, también por algunos partidos que presumen de constitucionalistas.

Las competencias transferidas deben ser respetadas, porque están inscritas en la Constitución. Yo mantengo mi fe en el modelo autonomista, que ha demostrado ser un buen sistema. Pero ahora, cuando una crisis de esta envergadura asola España, empiezo a echar de menos mecanismos ágiles que permitan recuperar con carácter provisional y transitorio lo que se ha dado en llamar el mando único. Porque si no se dispone de ellos, el actual diseño empezará a hacer agua por todas partes.

Sin embargo, tengo la sensación de que son muy pocos los que comparten mi preocupación, ni en el gobierno ni en la oposición.