Y tú más

Siempre he tenido la sensación de que judicializar la política no conduce a nada útil, entre otras razones porque, por muy graves que sean los delitos cometidos en su ámbito, por lo general se circunscriben a la responsabilidad de personas concretas y, por consiguiente, no tienen por qué poner en tela de juicio a los partidos políticos como tales. Por mucho que se insista en atacar por ese flanco, al final todo suele quedarse en turbulencias pasajeras, mucho ruido mediático y escasos resultados prácticos.

Sin embargo, hay situaciones en las que los delitos cometidos por algunos políticos sobrepasan el límite de las responsabilidades individuales y manchan inevitablemente al conjunto. Estos casos son muy preocupantes y contra ellos sólo caben los revulsivos internos. La única forma de librarse de su sombra consiste en que el propio partido afectado tome cartas en el asunto, clarifique la situación hasta sus últimas consecuencias y acabe de una vez por todas con los desmanes.

Ahora, cuando los jueces ponen en tela de juicio a  María Dolores de Cospedal y a Jorge Fernández Díaz (y quizá también a Mariano Rajoy) por su supuesta implicación en el caso Kitchen, Pablo Casado, no sólo no interviene para clarificar la situación, sino que además se hace cruces y acusa a la fiscalía de parcialidad partidista. Ni siquiera se molesta en defender que el PP que él preside ya no es el mismo, puede que porque sepa de antemano que por ahí no hay defensa posible. Él estaba en la cúpula y algo tendrá que decir.

El escándalo está servido desde que el secretario de estado de Seguridad en la etapa anterior, Francisco Martínez, imputado en la operación Kitchen, tirara de la manta y declarara que él no estaba solo cuando ordenó que se localizaran en el domicilio de Bárcenas determinados documentos que comprometían a varios miembros de la cúpula del Partido Popular.

Pero es que además llueve sobre mojado. El gobierno de Pedro Sánchez, al que la derecha más reaccionaria considera ilegítimo, está donde está precisamente porque un voto de censura, basado en una condena judicial al PP, acabó con la presidencia de Rajoy. Y ahora, cuando todavía no se han cerrado aquellas heridas, rebrota este nuevo alboroto, nada más y nada menos que porque la fiscalía anticorrupción ha solicitado la imputación de la señora Cospedal y del señor Fernández Díaz, al considerar que existen indicios suficientes para sospechar de su participación en la Kitchen.

Me mantengo en la idea de que no hay que judicializar la política. Pero cuando los delitos son sistémicos y afectan al correcto funcionamiento de la democracia, nadie debe ponerse de lado. Los líderes de todos los partidos están obligados a exigir responsabilidades. Porque financiar con fondos reservado operaciones delictivas es muy grave y trasciende, como decía más arriba, las responsabilidades individuales. Y utilizar a la policía como si se tratara de la guardia pretoriana de un gobierno es propio de repúblicas bananeras o de dictaduras tercermundistas.

Yo esperaba que Pablo Casado y su secretario general Teodoro García Egea reaccionaran con inteligencia política ante la noticia de la solicitud de la fiscalía, pero en vez hacerlo han empezado a repartir mandobles a diestro y a siniestro, en esa patética estrategia de y tú más. Ellos verán lo que hacen, pero tengo la sospecha de que su actitud perjudica al PP a corto y medio plazo. Es posible que su griterío tranquilice a sus incondicionales, pero fuera de esos votos ganados de antemano pueden perder otros muchos.

En cualquier caso, los jueces dirán lo que tengan que decir y la comisión parlamentaria de investigación exigirá las responsabilidades que correspondan.