Un juez que nunca se despeina

 

Estos días nos hemos levantado y acostado con noticias, cuidadosamente administradas por aquellos que les interesa echar leña al fuego, sobre el caso Begoña Gómez. No quisiera entrar en consideraciones jurídicas, porque mi sentido de la prudencia me avisa de que no dispongo de suficiente información ni de los necesarios conocimientos procesales para entrar en ello. Pero, a pesar de todo, hay una serie de circunstancias que me llaman tanto la atención en este asunto que no voy a poder evitar dar mi opinión.

Empezaré diciendo que no acabo de entender por qué, siendo la judicatura uno más de los tres poderes del Estado, no se pueda opinar sobre sus decisiones. Una cosa es acatarlas y otra silenciar los defectos que se observen en los procedimientos. Si los jueces pueden cuestionar la conveniencia de determinadas leyes que ha aprobado el poder legislativo y nada les impide que se manifiesten ante decisiones del poder ejecutivo, no se acaba de entender que los demás no podamos debatir sobre la procedencia o improcedencia de las decisiones judiciales.

Dicho esto a modo de introducción aclaratoria, no me queda más remedio que decir que la retirada del pasaporte a la mujer del presidente del gobierno me parece un auténtico disparate, sólo justificable por la presunta inquina que el magistrado que la ha dictado pueda tener a Pedro Sánchez. Es una medida cautelar absolutamente innecesaria y humillante,  cuyo único objetivo aparente es denigrar al procesado.

Pero es que, además, justificarla en base a que sus escoltas pueden ayudarla a salir del país, no sólo es un insulto a la policía, también a la inteligencia de los españoles. A nadie en su sano juicio se le ocurre pensar que Begoña Gómez vaya a tomar las de Villadiego, siendo la mujer del presidente del gobierno español. Sólo suponerlo denigra al que lo supone.

Por otro lado, someter el veredicto de un posible juicio a la voluntad de un jurado popular no tiene más sentido que exponer a una persona relacionada con un político al juicio partidista de sus miembros. Un auténtico dislate procesal, una sorprendente muestra de parcialidad, que no debería sorprendernos si tuviéramos en cuenta que, desde el principio del proceso, al juez instructor se le han ido viendo las intenciones, muchas de ellas corregidas por instancias judiciales superiores.

Resulta muy difícil entender cómo la propia judicatura no reacciona contra todo este cúmulo de despropósitos, un proceso que ha nacido como consecuencia de las acusaciones particulares de organizaciones de la ultraderecha y que no cuenta con el respaldo de la fiscalía. Yo, como tantos españoles, quiero seguir confiando en la justicia en su conjunto; pero cuando la judicatura se divide en bandos opuestos, cuando los órganos de gobierno de los jueces se comportan como parlamentos políticos y no como instituciones reguladoras del orden y concierto en la administración de justicia, me entran serias dudas respecto a la calidad de la justicia en mi país.

Porque todo esto me parece un auténtico despropósito.