Prisión incondicional

Cuando creíamos que con la convocatoria de elecciones autonómicas se habían sosegado los ánimos soberanistas, incluso que el independentismo andaba desconcertado, una juez de la Audiencia Nacional decreta prisión incondicional para siete exmiembros del gobierno catalán, incluido el vicepresidente Oriol Junqueras. Entre otros delitos, los acusa de rebelión y sedición. Al mismo tiempo, casi a la misma hora, el juez del Tribunal Supremo que atiende la causa contra la presidenta del parlamento catalán y otros miembros de la mesa de aquella institución, admite las consideraciones de las defensas respecto a la falta de tiempo que habían tenido los abogados defensores para preparar sus alegaciones y en consecuencia retrasa la vista una semana. Dos actitudes procesales distintas que llaman la atención por su enorme discrepancia.

Como simple observador de la cosa pública, y anteponiendo como es de rigor mi respeto por las decisiones judiciales, tengo que decir que en mi opinión se ha metido la pata hasta el corvejón. No digo que las desobediencias al Tribunal Supremo, el lamentable espectáculo que se dio en el parlament los días 6 y 7 de octubre y la constante vulneración de la Constitución y del Estatuto de Cataluña no requieran intervención judicial. Lo que digo es que resultan chocantes las prisas y llamativa la tipificación de los delitos. Lo primero –las prisas- origina una sensación de indefensión, que si bien en ningún caso debiera darse, en un asunto tan delicado como éste resulta peligroso. Lo segundo –la tipificación de los delitos- parece del todo inadecuada, cuando no se ha ejercido violencia. No lo digo yo, lo dicen acreditados juristas. En otros países de Europa ni siquiera existen esos delitos.

Con estas anomalías procesales, lo único que se consigue es dar aliento a la causa independentista, como se lo dio la actuación de la fuerza pública el día del referendo ilegal. Además, cuando parecía que la opinión internacional estaba casi unánimemente a favor de las actuaciones del gobierno español, empiezan a abrirse grietas, al menos a producirse dudas interpretativas en determinadas instancias y en no pocos medios de comunicación foráneos. Los secesionistas necesitan hacerse oír, precisan de altavoces, y parece como si para sus intenciones contaran con aliados en las estructuras del estado español.

Es cierto que en España existe separación de poderes. Yo no tengo la menor duda. Pero el Ministerio Fiscal, cuya estructura jerarquizada está a las órdenes del Fiscal General, a su vez nombrado por el gobierno, debería andarse con pies de plomo cuando presenta determinadas querellas. La continuada insistencia en romper las reglas del juego de los separatistas merece ser vista por la justicia, pero considero que es preciso hilar fino y no regalar bazas fáciles a los que intentan imponer su verdad por las bravas. La inteligencia política no debería nunca chocar con la rigidez judicial.

Sigo pensando, a pesar de lo sucedido ayer en la Audiencia Nacional, que estamos en un país garantista. Por eso aún confío en que se ponga remedio a esta lamentable situación. Y lo espero porque creo que a la sinrazón hay que combatirla con la razón y a la ilegalidad con la legalidad. No caben atajos, ni siquiera a través de la justicia.