Check and balance

En inglés se utiliza la frase que hoy he elegido como título para referirse al sistema político que en su entramado prevé un juego de equilibrios entre las distintas instituciones del Estado, de tal forma que se garantice el correcto funcionamiento del conjunto. Lo he dejado en el idioma original, porque la traducción literal –comprueba y equilibra- no me parece que responda al concepto que pretende enunciar la expresión anglosajona. En cualquier caso, intentaré explicarme.

El Tribunal Supremo, al que como a toda institución del Estado le otorgo un valor imprescindible en un sistema democrático, nos ha sometido a los ciudadanos en las últimas semanas a unos vaivenes de criterio de muy difícil comprensión para el común de los mortales. En un tema tan sensible a la opinión pública como es el de las hipotecas, acaba de decir digo donde dijo Diego. Nadie, salvo los representantes del sector financiero, ha entendido que, después de haber sentenciado hace unos días que son los bancos los que deben pagar los impuestos inherentes a la formalización de un préstamo hipotecario, rectifique ahora para cargar la obligación a los prestatarios. Un giro aparentemente tan incomprensible que hasta los más reaccionarios del país han puesto el grito en el cielo.

No pretendo entrar hoy y aquí en la discusión de si los argumentos a favor o en contra de la controvertida decisión se ajustan o no a derecho, entre otras cosas porque no tengo conocimiento suficiente sobre un tema tan complejo. Me limitaré a señalar que desde que conocí la decisión me puse a pensar si el check and balance de los angloparlantes funcionaría o no en este caso. Tratándose de una decisión procedente de tan alta magistratura –pensé-, hay que respetar su decisión y poco sentido tienen las caceroladas, los gritos y los aspavientos, al fin y al cabo derecho al pataleo y poco más. Son los anticuerpos del sistema político los que tienen que enmendar la plana al TS, porque para eso están. Es el sistema de equilibrios del Estado el que debe resolver el entuerto, si es que se ha producido.

Ayer oí la reacción del gobierno. Sin perder un minuto, Pedro Sánchez anunció un cambio inmediato en las leyes fiscales. A partir de ahora serán los bancos y no los usuarios quienes deberán pagar el impuesto que grava estos actos jurídicos documentados. Muerto el perro se acabó la rabia. Una institución -el poder ejecutivo- ha intervenido para, de acuerdo con sus competencias y dentro del estricto cumplimiento de las leyes, atender un clamor popular. A partir de ahora, el poder judicial no podrá argumentar, como lo ha hecho su presidente, que el problema radica en la dificultad de interpretar la ley vigente.

Ese es el sistema check and balance, ese es el equilibrio de poderes que permite que una sociedad compleja, en la que en ocasiones colisionan los intereses de las partes, funcione correctamente. Las cacerolas guardémoslas en la cocina, que es donde deben estar.