Los padres de la Constitución diseñaron la España de las autonomías con la idea, entre otras muchas, de descentralizar las administraciones del Estado. Un país como el nuestro, con cuarenta y siete millones de habitantes, quinientos mil kilómetros cuadrados de superficie y una orografía que siempre ha complicado las comunicaciones internas, exigía acercar más la gestión administrativa a los ciudadanos. Si a esas circunstancias le unían la diversidad cultural, lingüística e histórica de sus regiones, los constituyentes no dudaron en dotar al país de una estructura de corte federal, muy similar a la de tantos otros de nuestro entorno.
No voy a entrar hoy aquí en consideraciones sobre la bondad de aquella decisión, porque a estas alturas del desarrollo autonómico, con las tensiones separatistas creadas por la intransigencia de unos y de otros, es un asunto tan complicado que no encaja en un artículo como éste. Por supuesto que tengo mis opiniones, puntos de vista que en algunos momentos he ido exponiendo en el blog; pero hoy sólo pretendo referirme a las disfunciones que se han puesto en evidencia como consecuencia de la pandemia, una de las mayores catástrofe de ámbito nacional que hayamos sufrido en los últimos años.
Aunque no haya sido la única competencia que ha necesitado una coordinación centralizada, la gestión de la sanidad ha brillado con luz propia durante la epidemia, aunque haya sido con destellos un tanto lúgubres. La intervención del Estado ha suplido en cierta medida la heterogeneidad de medios y procedimientos que se había producido entre las distintas administraciones autonómicas después de tantos años de descentralización, de manera que, gracias al principio de “mando único”, impuesto por ley desde el gobierno central, se ha podido contener con bastante eficacia la primera ola de la infección. Ahora, cuando los múltiples brotes amenazan con convertirse en un nuevo tsunami, las administraciones autonómicas están volviendo a poner en evidencia la debilidad de sus respectivos sistemas de salud. No me extrañaría que dentro de poco haya que recurrir de nuevo a los decretos que autoricen los estados de alarma.
Es evidente que coordinar no es lo mismo que centralizar. Lo que sucede es que en este asunto existe una gran confusión, ya que son muchos los que tensan la cuerda en los dos sentidos, unos celosos de perder la autonomía obtenida hasta ahora, otros aprovechando la evidente falta de coordinación entre el Estado y las autonomías para maniobrar en contra de la transferencia de competencias. Nacionalistas e independentistas en todas sus variedades, por un lado; centralistas ultramontanos y reaccionarios, por el otro. Dos estigmas en la cada vez más vapuleada concordia nacional.
En mi opinión, si hay que revisar en algún aspecto la Constitución con carácter de urgencia es en éste, en el de la coordinación a nivel Estado de las competencias transferidas cuando las condiciones de emergencia lo exijan. Es muy posible que cualquier avezado constitucionalista me diga que los estados de alarma, excepción y sitio, contemplados en el Título V de la carta magna, ya prevén las situaciones excepcionales. Pero tengo la sensación de que cualquier puesta en marcha de los mismos requiere unos trámites parlamentarios tan laboriosos que pueden llegar a inmovilizar al ejecutivo, de manera que al final no resulten todo lo efectivos que debieran ser. Las prórrogas de los estados de alarma durante los meses anteriores, aunque conseguidas todas gracias a eso que se ha dado en llamar geometría variable, han resultado partos muy dolorosos. La cerrazón nacionalista por un lado y la deslealtad conservadora por otro han puesto tantos obstáculos de carácter partidista, por no decir sectario, que deberían hacernos a todos meditar sobre un asunto que, aunque complejo, requiere revisión.
Todo menos que la falta de coordinación entre el Estado y las autonomías convierta a España en una jaula de grillos.
Completamente de acuerdo con el contenido del artículo. En caso de situaciones de emergencia, ningún partido serio debería negar su colaboración al Gobierno para diseñar y poner urgentemente en marcha un sistema de coordinación de las competencias transferidas. Revisar la Constitución es siempre problemático, pero apoyándose en la crítica situación derivada del Coronavirus, tal vez fuese posible su urgente revisión, eso sí, limitada a regular la coordinación de que habla el artículo.
ResponderEliminarPero mucho me temo, Alfredo, que lo que vemos con claridad los ciudadanos de a pie no lo quieran ver aquellos que a lo único que aspiran es a vapulear al gobierno de turno, aunque sea a costa del interés del país.
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