Palos de ciego

Desde la transición he sido -y sigo siendo- un decidido defensor del Estado de las Autonomías. Nunca he dudado de que la organización territorial de España deba responder a un dibujo de carácter federal. La descentralización agiliza las administraciones y permite, además, el reconocimiento de las identidades históricas de cada una de las partes que componen el país. De manera que, a pesar de que algunos se hayan apoyado espuriamente en la actual articulación autonómica de España para llevar adelante sus intentos separatistas y de que otros la utilicen con mezquindad para hacer políticas insolidarias, sigo creyendo que los constituyentes acertaron al incluir el Título VIII en la carta magna.

Sin embargo, hay veces que mis convicciones se tambalean. Una de ellas es cuando observo el desbarajuste que estamos sufriéndo los españoles ante las medidas que se adoptan para prevenir los contagios por coronavirus. A veces me da la sensación de que los gobiernos autonómicos, en vez de remar todos al unísono y en una sola dirección, participaran en un campeonato de disparates o en un concurso de a ver quién dice la mayor majadería.

Cada uno de los gobiernos autonómicos ha estado haciendo desde que empezó la pandemia lo que le ha dado la gana, apoyándose en que la sanidad es una competencia transferida. Cuando al principio el gobierno central llevó el control mediante sucesivos estados de alarma, la oposición utilizó las medidas que se tomaban para intentar culparle de todo, hasta de lo fallecidos en las residencias de la tercera edad. Después, cuando se acabaron las restricciones controladas por el Estado, las autonomías entraron en una carrera desenfrenada de medidas dispares, sin orden ni concierto, que obligaba al ciudadano a leerse todos los días los cambios de normativa, poniendo mucho cuidado en si le afectaban o no, porque lo que no estaba prohibido en la provincia de al lado, en la suya podría ser causa de sanción. Nadie, por muy al día que estuviera, estaba seguro de hasta dónde se había limitado su libertad de movimiento.

Con la campaña de vacunación ha llegado el dislate total, una especie de camarote de los hermanos Marx, que induciría a la carcajada si no fuera por la gravedad del asunto. Los grupos de riesgo y el orden de prioridad, que al principio parecían estar perfectamente definidos, se han ido modificando al gusto del presidente o del consejero de la comunidad. Hasta el punto de que muchos de los pertenecientes al segmento de mayores de 80 y menores de 90 años siguen sin vacunarse, mientras que los funcionarios de MUFACE hacen colas en los campos de futbol. Algunos, en su ignorancia, se enteran de repente de que su vecino de abajo, con 60 años y una salud de hierro, ya ha sido citado, mientras que ellos, a punto de cumplir los 80, siguen esperando, sin que nadie les aclare nada.

Del suministro de vacunas puede que escriba otro día. Hoy me limitaré a decir que hace unos días hemos conocido la noticia de que Isabel Díaz Ayuso, impaciente por proteger a sus conciudadanos, ha entablado conversaciones con los rusos para importar por su cuenta y riesgo la Sputnik, cuando todavía la Agencia Europea del Medicamento no ha dado su aprobación. Menos mal que el consejero del ramo de esta comunidad ha explicado que nada de extraño tiene, cuando otros países (sic) de Europa ya han decidido ir adelante con esta vacuna. Está claro que ya son más de una las autonomías que se han declarado en rebeldía contra la nación a la que pertenecen.

A pesar de todo, yo sigo confiando en el Estado de las Autonomías.