Si yo fuera juez

Si yo fuera juez estaría preocupado ante el continuo deterioro de la imagen de la judicatura. Me revolvería en mi toga, porque sabría perfectamente que la inmensa mayoría de los jueces son gente honrada que ejerce su profesión con dignidad. Sin embargo, me preocuparía que algunos se estuvieran comportando como si fueran los amos del país, sin que las instituciones del poder judicial les paren los pies de una vez por todas.

Pero no sólo no soy juez, sino que además carezco de la formación jurídica necesaria para opinar sobre ciertos temas con soltura, aunque no me falta ni sentido común ni criterio suficiente para dar mi opinión como ciudadano libre que, por si fuera poco, vive en un país democrático. Por eso, digo y repito que las actuaciones del juez de instrucción responsable del llamado caso Begoña son inauditas. No sólo decidió tomar medidas cautelares contra la mujer del presidente del gobierno español, basándose en un hipotético riesgo de fuga, sino que, además, cuando la investigada solicita que se le devuelva temporalmente el pasaporte para acompañar a su marido a una reunión internacional, se marcha de vacaciones y deja la decisión en manos de un sustituto.

Si esto no es lawfare, que venga Dios y lo vea. Se le ve tanto la intención de hacer daño, que provoca indignación en la ciudadanía. Con estos casos a la vista, nada tiene de sorprendente que los sondeos de opinión muestren que dos de cada tres españoles crean que la justicia en España deja mucho que desear. Porque, aunque sean aislados y minoritarios, influyen en la opinión de manera muy negativa.

En un estado de derecho como es el nuestro, la corrección de estas desviaciones sólo puede proceder de la propia judicatura. Si no lo hace, si el poder judicial permite que las arbitrariedades continúen, estará contribuyendo a aumentar el descrédito de la institución. Son ellos los únicos que puede expedientar a un juez y deben hacerlo cuando, como es el caso que refiero, queda claro y manifiesto que no se está actuando con el rigor debido.

Este asunto no es baladí, ni mucho menos. Entre otras cosas porque demuestra un claro espíritu corporativista, que, si bien pudiera justificarse por la prudencia debida ante situaciones procesales delicadas, cuando se ve con claridad la mala intención no hay excusa para mirar a otro lado. Pone en entredicho todo un sistema judicial, lo que significa que contamina de manera muy peligrosa la democracia. Sin una judicatura a la altura de las circunstancias, no hay estado de derecho.

No, no soy juez. Es posible que si lo fuera me sintiera con las manos atadas por la inercia corporativa. Pero como no lo soy, no pararé de reclamar a la judicatura que pongan en orden su casa, porque se están haciendo daño ellos mismos y nos lo están haciendo a los demás.