Los derechos sociales avanzan, aunque no les guste

Con este extraño título me refiero al continuo avance de los derechos sociales, de las libertades individuales y de la igualdad de oportunidades. Con pasmosa lentitud y abriéndose paso a través de innumerables dificultades de todo tipo, la sociedad en su conjunto camina hacia escenarios de mayor solidaridad y por consiguiente de mayor bienestar. Ya sé que esta afirmación puede parecer un tanto ilusoria, pero cuando comparo el mundo en el que ahora vivimos con el que les tocó vivir a nuestros padres o, todavía más, a nuestros abuelos, me convenzo de que el progreso social es imparable. Lo que no quiere decir que no susbsistan infinidad de injustas e irritantes desigualdades, contra las que hay que seguir luchando.

La política no es ni más ni menos que un pulso entre las reivindicaciones de progreso social y las reacciones contra este progreso. Porque sucede que los avances de todos suelen mermar de alguna manera los privilegios de algunos; y la mejor manera de defender las prebendas y regalías de las minorías es oponerse a las exigencias de las mayorías, para intentar no tener que repartir el pastel entre muchos, porque entonces se toca a menos. Esa resistencia suele ser sutil y vaporosa, porque en política nadie en su sano juicio defenderá abiertamente un ataque a los derechos de los demás. La reacción se disfraza con infinidad de raros atuendos, entre los que no suelen faltar el patriotismo y la moral.

Ahora que disponemos de un gobierno progresista, esa lucha entre el avance social -el progreso- y la reacción conservadora -el freno al progreso- se manifiesta con claridad. Estamos asistiendo a una marea de medidas de carácter social, a las que las fuerzas conservadoras se oponen con muchos circunloquios y con bastantes dobleces, porque criticarlas abiertamente no les resultaría efectivo. Un ejemplo de esta sutileza la pudimos observar en los trámites parlamentarios para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, en los que los partidos conservadores utilizaban argumentos que nada tenían que ver con la bondad o maldad de su articulado, sino con los perfiles políticos de los que apoyaban su aprobación. Si esto lo defiende los comunistas bolivarianos, los separatistas catalanes y los amigos de los terroristas, nosotros no podemos aprobarlos, decían algunos preclaros líderes de la derecha. Pero ni una sola alusión al contenido de las cuentas públicas, porque eso hubiera sido criticar el dinero que se dedicaba  a los temas de caracter social, algo que no entendería ni su propio electorado.

En ese mismo terreno se han movido las discusiones parlamentarias sobre la nueva ley de educación -la ley Celaa-, en las que los conservadores, en vez de esgrimir argumentos de carácter académico, se han limitado a utilizar tópicos tales como el derecho de los padres a elegir el centro educativo de sus hijos. Si hubieran entrado en la discusión sobre el contenido de la ley, es posible que no hubieran podido convencer a sus electores de sus supuestas maldades. Pero quedándose en una polémica artificial y falsa, lo entienden mejor.

A veces la resistencia al avance utiliza argumentos de carácter moral, como ha sucedido con la ley de la eutanasia. Digo de carácter moral, porque así lo definen los que no están de acuerdo con su aprobación, cuando en realidad debería haber dicho de carácter religioso. Porque no se puede considerar inmoral legislar sobre la muerte digna de los que padecen enfermedades incurables y viven el último tramo de su vida en constante sufrimiento. No confundamos, como sucede con demasiada frecuencia, los preceptos religiosos con la moral. Son cosas distintas.

Todas estas leyes y muchas más están saliendo adelante gracias a que un gobierno progresistas dirige ahora el país. Puede ser, no lo voy a negar, que algunas de ellas se frenen cuando los conservadores vuelvan a gobernar. Pero, como ha sucedido a lo largo del tiempo, una parte sustancial de las reformas permanecerá. El progreso implica mayor justicia y muchos de los votantes que sustentan los gobiernos conservadores no entenderían volver a situaciones ya superadas. El divorcio, el aborto, el ingreso mínimo vital  y la ley de dependencia, entre otras muchas leyes de carácter social, ilustran lo que acabo de decir. Fueron gobiernos socialistas los que los pusieron en marcha, con una enorme resistencia por parte de los conservadores. Y ahí siguen, porque cuando han gobernado no se han atrevido a derogar unas leyes a las que en su momento negaron el apoyo.

La justicia social se abre paso, sí, aunque les pese a algunos. Y seguirá avanzando por mucho que los reaccionarios pretendan frenarla.