Reconozco que cuando los sucesos del 1 de octubre de 2017 yo
me sentí tan preocupado como indignado. Llevaba tiempo observando la mala
gestión que hacía el gobierno conservador del conflicto separatista catalán y cuando éste estalló me sentí abrumado. Una parte de España no había entendido el alcance del movimiento separatista y los radicales optaron por hacer frente a lo que consideraban una afrenta con un referéndum ilegal. He vivido muchas crisis políticas en España, pero ésta se me antojó quizá la más grave de todas ellas.
Después vino la aplicación del artículo 155 de la
Constitución, la huida de algunos de aquellos políticos catalanes al extranjero y el
proceso y condena de los que se habían quedado aquí. Yo, aunque el que se hubiera llegado a aquella situación de tensión me llenaba de preocupación por lo que
suponía de aumento de la quiebra entre una parte de España y el conjunto de la nación, consideré acertadas las medidas. El daño estaba hecho
y sólo cabía en aquel momento achicar el agua y mantener la nave a flote.
Después, ya se vería.
Desde entonces han pasado seis años. Un nuevo gobierno,
liderado por un partido que había apoyado sin paliativos las medidas del anterior,
inició con cautela un nuevo estilo de relaciones institucionales, alejándose en
lo posible de los ataques frontales y fomentando el diálogo. Seis años que,
por cierto, han cambiado por completo el ambiente separatista, no porque hayan
desaparecido los que defienden la independencia, sino debido a que una
gran parte de ellos ha empezado a entender que la ruptura unilateral es
imposible.
Ahora el gobierno progresista ha dado un paso más en dirección a la concordia, el
de proponer una ley de amnistía, no para que sirva de trofeo a los
separatistas, como gritan algunos, sino para facilitar el avance hacia una solución negociada, que
como tal, si progresa, no dejará completamente satisfecha a ninguna de las dos partes,
pero que podría permitir una convivencia pacífica, un avance hacia la reconciliación, hacia el abandono por parte de unos de las políticas centralistas y
exclusivistas y propiciaría, al mismo tiempo, la reconducción de las pretensiones secesionistas hacia un autogobierno real y efectivo. España no se rompería y muchos catalanes verían colmadas sus aspiraciones de que se considere a Cataluña como una entidad política con
personalidad propia, dentro del conjunto del Estado español, como sucede en tantos países democráticos del mundo.
La amnistía no es un fin, sino un medio para resolver un problema político.
Pero, sobre todo, no es un nuevo jinete del apocalipsis, como la tildan los que
con sus estrechas miras políticas no ayudan a resolver uno de los mayores
problemas que tiene España, el de que alguna de sus partes no se sienta
identificada con el conjunto de la nación, al mismo tiempo que una parte de ese conjunto no quiera entender la realidad.
Algunos pensamos que con los indultos concedidos y otros que se podían conceder en el futuro, habrían bastado para crear un ambiente favorable a que la población de Cataluña se sintiese catalana y española. Hay que hacerse a la idea de que los auténticamente independentistas, que no son tantos, lo serán siempre. No hay mas que ver sus declaraciones. Así que la amnistía, que está en el límite de lo legal, aunque afortunadamente por el lado de dentro, tal vez no hubiera sido necesaria, salvo para que Sánchez siguiese siendo el presidente de España. Pero para ello se está pagando un alto precio, sobre todo en elementos intangibles, como el sentimiento de unión y dignidad del resto del país.
ResponderEliminarAlfredo, vayamos por partes. En mi opinión, creer que el sentimiento separatista de una parte de la población catalana va a desaparecer porque se hagan algunas concesiones, significa que no se entiende bien la profundidad del problema. Estoy totalmente de acuerdo en que "los auténticamente independentistas" lo serán siempre. Pero no se trata de eso, sino de dejarlos democráticamente en minoría. El referéndum del 2017 demostró que no lo estaban, no por los resultados, sino por la expectativa que creó. Cualquier cosa que se haga en avanzar en ese sentido debería contar con el apoyo de "todos" los que estamos en contra de la independencia de Cataluña.
EliminarEn cuanto a lo del límite de la legalidad de la amnistía, será el Tribunal Constitucional quien lo decida.
Por último, desde mi perspectiva de votante progresista, no se trata de que Sánchez siga siendo presidente -legítimo- del gobierno, sino de que gracias a ello no nos gobierne la derecha reaccionaria de la mano de la ultraderecha antisistema. No caigamos en los latiguillos que propone el PP.
Se me olvidaba: lo de la dignidad del país no va por ahí, sino por tener en cuenta la realidad y actuar en consecuencia. Eso es lo digno.
Es muy complicado todo esto. Desde luego, tratar con la derecha catalana a la que representa Junts es tan complicado como tratar con el PP.
ResponderEliminarPero dicho lo anterior, la correlación de fuerzas en el Parlamento actual es la que es, y el Gobierno debe llegar a acuerdos con todas las fuerzas representativas del país, ya sean catalanes vascos, gallegos, etc.
Es cierto, el panorama es complicado, porque así lo hemos decidido los españoles con nuestros votos,. Si además añadimos que Feijóo nos ofrece una oposición "sin cuartel", la cosa se complica más.
ResponderEliminarEn cuanto a tu segunda reflexión, totalmente de acuerdo. Lo diré una vez más: la política es el arte de lo posible. A este gobierno le hubiera gustado contar con una mayoría más holgada y con otros socios, pero no ha sido así. De manera que a negociar y a negociar. Serán las urnas las que en las próximas elecciones decidan si lo ha hecho bien o ha errado.