Salvar al soldado Puigdemont

 

Siempre he considerado que las políticas de apaciguamiento del volcán catalán, las que desde hace unos años ha puesto en marcha el gobierno socialista, son necesarias y convenientes para que no dejemos a las generaciones siguientes la herida abierta del separatismo. No se trata de convencer a los soberanistas del error de su actitud, sino de crear un clima de confianza que revierta la opinión general de los catalanes, muchos de los cuales, aunque no sean separatistas, miran con desconfianza las políticas de signo represivo. Ahora, aunque sigo creyendo que la estrategia utilizada por Sánchez para disipar tensiones y abrir cauces de dialogo es la adecuada, la actitud de Puigdemont me hace dudar de que, si persiste, se pueda continuar por ese camino. Quizá se trate de tácticas de distracción del expresident para llamar la atención sobre sus pretensiones, y que todo se quede al final en papel mojado o en agua de borrajas; pero lo cierto es que el voto de los diputados de Junts contra la ley de amnistía suena a canallada o, si se prefiere, a ridículo esperpento.

Pretender que el gobierno de España presente una propuesta de ley que no cumpla con la legalidad vigente es demencial, por no decir que se trata de una boutade, es decir, de una salida extravagante. Se puede, y así se ha hecho, afinar al máximo, pero sin vulnerar el mandato constitucional. Lo contrario, además de constituir un delito, no conduciría a ninguna parte, porque los filtros institucionales de nuestro estado de derecho lo frenarían. Por tanto, no acabo de entender la insistencia de la derecha nacionalista catalana en modificar la redacción de la ley de amnistía, salvo que sus dirigentes no tengan la conciencia tranquila.

Para el gobierno de Pedro Sánchez la pérdida del apoyo de Junts significaría entrar en un carril de vía muerta, porque, aunque pudiera gobernar prorrogando los presupuestos, estaría condenado a medio plazo a convocar elecciones. Pero lo curioso es que a Puigdemont y a sus fieles los llevaría al descarrilamiento total, porque, si la derecha, junto a la ultraderecha, accediera al gobierno central y aplicara las políticas que propone, estarían abocados, tarde o temprano, a desaparecer del mapa político como partido y su líder no podría regresar a España sin riesgo de ser detenido.

Si a lo anterior le unimos la imagen que en Cataluña dejaría el hecho de que, por intentar salvar al soldado Puigdemont, continuaran procesados varios centenares de ciudadanos que, en mayor o menor medida, intervinieron en la declaración unilateral de independencia y en las elecciones ilegales, es difícil entender la cerrazón de Junts. Salvo que haya gato encerrado, quiero decir, salvo que no se trate más que de mezquinas maniobras de política menuda.

Son muchos los analistas de la cosa pública que parecen confiados en que al final la ley de amnistía se apruebe, basando su punto de vista en la pura lógica que encierran las consideraciones anteriores. Yo prefiero pensar exactamente lo mismo, porque no me entra en la cabeza tamaño disparate. No puedo entender que, cuando se ha estado pregonando a gritos que se trata de un conflicto político, cuando se ha invocado el diálogo hasta la saciedad en contraposición con el empleo de la mano dura, se rompa la única posibilidad que existe de llegar a acuerdos razonables. Porque no hay otra, ni la pretensión soberanista de unos ni la radicalidad centralista de los otros.

Es verdad que la política tiene sus tiempos y a veces no leemos la letra chica. Pero en este caso, cuando se les han ofrecido la mano y la quieren morder, es difícil entender qué hay detrás. La política -¡cuántas veces lo diré!- es el arte de lo posible, cuyo primer principio reza: no me pidas lo imposible.