El difícil equilibrio de poderes

Leí el otro día una interesante anécdota. Parece ser que cuando Margaret Thatcher desempeñaba el cargo de primera ministra del Reino Unido, se produjeron grandes debates sobre la conveniencia o inconveniencia de enviar la flota a las Malvinas para recupera el territorio que había invadido Argentina. La mayoría de las objeciones eran de carácter técnico, porque algunos altos mandos de las fuerzas armadas consideraban un error intentarlo. Después, una vez decidida la intervención por parte del poder ejecutivo, uno de aquellos generales críticos se atrevió a decirle a la mandataria británica que no estaba de acuerdo con la decisión tomada. La respuesta inmediata de la Dama de Hierro fue: “¿y…?”.

La anécdota que acabo de mencionar viene a cuento del debate abierto ahora en España sobre la posición de algunos juristas en contra de la llamada ley de amnistía, propuesta por el poder ejecutivo y aprobada por el legislativo por mayoría absoluta. Si unos cuantos jueces y fiscales se manifiestan en contra de su articulado, habrá que contestarles como contestó la Thatcher a su general, porque el poder judicial no puede interferir las decisiones políticas, de la misma manera que los estados mayores están obligados a obedecer las órdenes que les dicte su gobierno.

Otra cosa será que intervenga el Tribunal Constitucional y considere que existe algún aspecto de la ley que vulnera los principios constitucionales y, como consecuencia, el gobierno se vea obligado a modificar la redacción actual. Pero si eso no sucede, las opiniones personales de los jueces no son más que eso, opiniones personales, por mucha que sea la honorabilidad que emane de sus figuras. Precisamente en eso consiste el tan renombrado principio de la separación de poderes.

Yo diría que, a pesar de las dificultades que en ocasiones surgen para mantener este principio en el que se basa el funcionamiento de la democracia, aquí, en España, funciona. Es cierto que en ocasiones se producen roces y fricciones, pero suelen ser a nivel personal, casi nunca nunca institucional. Es verdad también que algunos intentan desde la política manejar el poder judicial a su conveniencia, como por ejemplo el flagrante caso del bloqueo a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, mezquina maniobra de la oposición a la que estamos asistiendo desde hace años. Pero, a pesar de estas disfunciones, insisto, el equilibrio se mantiene.

Nuestra democracia no sólo es joven, sino que además nació sin grandes rupturas a partir de una dictadura muy consolidada, circunstancia que tiene el valor de que entonces no se produjeran tensiones sociales, pero el inconveniente de que muchos vicios de la época anterior prevalecen. La judicatura, aunque ya no queden juristas procedentes del franquismo, mantiene en su seno cierta melancolía autoritaria, aunque no como institución sino a título personal. Pero en democracia la corriente arrastra a las partes, por mucha resistencia que se ponga a los avances. No olvidemos nunca que, además del sistema de recursos judiciales ante instancias superiores, está Europa, una garantía más de que no es posible sacar los pies del plato.

En cualquier caso, a esos jueces y fiscales que critican a título personal la aprobación de algunas leyes habrá que contestarles, cuando levanten la voz, lo que le dijo Margaret Thatcher al militar de alta graduación: ¿y…? Se quedarán sin respuesta a la pregunta.