Respeto pero no comparto

El título que he escogido hoy, para expresar mi opinión sobre la sentencia dictada por el Supremo contra el Fiscal General del Estado, está copiado de la frase que utilizan los políticos prudentes, muy pocos, cuando quieren expresar su desacuerdo con una decisión judicial. Yo no sólo no comparto la decisión, sino que creo que se trata de una manipulación dictada por un tribunal completamente politizado. Respetarla sí, por supuesto, si se entiende por respeto la obligación de acatarla.

Como no soy jurista, no voy a apoyar mis reflexiones en conceptos legales sino en consideraciones de carácter profano. Sé que los que no estén de acuerdo conmigo encontrarán en esta confesión un punto débil, pero me trae al pairo. Tengo mis ideas y las expongo con total libertad.

Empezaré recordando que toda esta historia parte de un presunto fraude a Hacienda cometido por el novio, compañero o pareja de Isabel Díaz Ayuso, el señor González Amador, a quien los tribunales han imputado, además de por delito fiscal, por falsificación de documentos mercantiles y por pertenencia a organización criminal.

Miguel Ángel Rodríguez, consejero de la presidenta de Madrid, envió a la prensa, cuando saltó el escándalo, el bulo de que la fiscalía proponía un pacto al defraudador y no al revés. A partir de este escenario, que no se puede perder de vista, se produjeron las filtraciones que han motivado la condena al Fiscal General, porque el Tribunal Supremo lo ha considerado responsable de las mismas. Sin embargo, han sido muchos los testigos que, a lo largo de la fase de instrucción y luego durante el juicio, han declarado que las filtraciones tienen otro origen, aunque no hayan querido por ética profesional revelar sus fuentes. Por tanto, no se puede asegurar que haya habido pruebas concluyentes, sino meras interpretaciones de los indicios.

Este asunto es extremadamente delicado, porque pone en entredicho la independencia judicial de algunos jueces, por supuesto no de la judicatura en general, al no dictarse la sentencia por unanimidad y al resultar que los cinco votos a favor de la condena proceden de los magistrados conservadores del tribunal, mientras que los dos que han votado en contra son progresistas. Dicho de otra manera, la legítima lucha política en el parlamento se ha trasladado al seno del Tribunal Supremo, lo que a todas luces introduce un sesgo de parcialidad partidista en la sentencia.

Un asunto que nace del bulo lanzado por un imputado, que no cuenta con pruebas suficientes y que ha dividido al alto tribunal por posicionamientos políticos, se ha convertido en una sentencia condenatoria, nada más y nada menos que contra el Fiscal General del Estado.

Me decía un buen amigo mío, lector habitual de este blog, que el señor García Ortiz ha sido víctima de las luchas en tres frentes, el de la confrontación gobierno y oposición, el de la pugna entre el legislativo y el ejecutivo y el de la rivalidad profesional entre jueces y fiscales. Una apreciación de la que he tomado nota para incluir en esta reflexión.