No dejar títere con cabeza

Me decía el otro día un buen amigo que en algunas de mis entradas en este blog no dejaba títere con cabeza.  Su observación me llamó la atención, porque cuando escribo no pretendo atacar, simplemente poner de manifiesto aquellos comportamientos que no comparto, procedan de quien procedan. Lo que sucede es que a veces no estoy de acuerdo con más de uno al mismo tiempo, como me está ocurriendo en estos momentos con la tan manoseada moción de censura.  Sé que cuando se exponen discrepancias se está en cierto modo agraviando por pasiva, porque el que se sienta aludido por el reproche opinará que el equivocado soy yo y no él y, por tanto, se considerará injustamente tratado. A mí me ocurre muchas veces lo mismo con los comentarios de otros, pero intento, no sin gran esfuerzo -todo hay que decirlo-, considerar las diferencias de criterios como lo que son, puntos de vista distintos sobre asuntos opinables, en ningún caso ataques personales.

El otro día en este blog, a cuento de la moción de censura (Manda huevos; 28.05.18), hablaba de irresponsabilidad e intentaba repartirla entre todos los partidos. No me arrepiento de haberlo hecho así, porque la falta de visión política y la ausencia de responsabilidad están en estos momentos, desde mi punto de vista, muy repartidas. Pero creo que me quedé corto al dar mi opinión personal sobre las maniobras de Ciudadanos. A este partido, que ha crecido como la espuma a caballo del deterioro del PP, de una cierta ambigüedad dialéctica y de hábiles tácticas mediáticas, se le ha llenado la boca al hablar de lucha contra la corrupción. Ahora sigue atragantado con las mismas proclamas, pero dice no estar dispuesto a apoyar una moción de censura que desplace de la Moncloa a los acusados de corrupción. Las encuestas le favorecen y le urge presentarse a unas nuevas elecciones, aunque sean convocadas deprisa y corriendo. No le importa retorcer la Constitución y buscar figuras no previstas en su articulado, como esa tan ocurrente del presidente pactado, no sabemos, por cierto, entre quiénes.

Si la moción de censura fracasa, y como consecuencia el señor Rajoy continúa en la Moncloa dos años más, la responsabilidad recaerá sobre Ciudadanos, los adalides de la decencia. El PSOE, aunque sea cogiendo el rábano por las hojas, está intentando dar un vuelco a la situación, dentro de lo que marcan los procedimientos constitucionales. Pide el voto a todos, lo que no tiene por qué significar que se vea obligado a pactar con nadie. Al menos esa es la promesa que ha hecho pública Pedro Sánchez, que sabe muy bien que si su propuesta triunfa estará obligado a convocar elecciones generales de inmediato. Lo contrario significaría la ingobernabilidad del país. La composición del parlamento actual no permite demasiadas componendas.

A Ciudadanos, lo diré una vez más, se le está viendo el plumero de las prisas. Acusa a Sánchez de oportunismo, de querer gobernar sin haber ganado las elecciones, cuando fue este partido el que aupó al PP -ya entonces bajo sospecha de trapicheos contables y no contables y medio contables-, sin que tampoco dispusiera el señor Rajoy de mayoría absoluta. En un sistema parlamentario gobierna quien consigue los apoyos necesarios, no el que ha obtenido más votos. Sólo puede hablarse de haberlas ganado cuando se ha conseguido mayoría absoluta, situación que por cierto a partir de ahora va a ser muy difícil que se dé.

La culpa está muy repartida, lo dije y lo repito. Pero hay algunos que se llevan la palma de la osadía, del oportunismo y de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid.

¡Manda huevos!

Con este título no pretendo soltar una manida, aunque simpática, vulgaridad para dar escape a mi desconcierto, sino apoyarme en una conocida frase oída hace algún tiempo en el Congreso de los Diputados, que me de pie a referirme a continuación a nuestro sistema parlamentario, tan en boca de muchos en estos últimos días. La condena de los tribunales al PP y la presentación de una moción de censura por parte del PSOE, está dando lugar a que unos y otros se deshagan en menciones a la Constitución, en la mayoría de los casos haciendo caso omiso de la composición actual de las cámaras.

Mariano Rajoy, ante la demoledora condena de los tribunales al partido que preside, tenía en sus manos tres opciones totalmente democráticas: dimitir y dar paso a uno de sus correligionarios menos señalados por la corrupción, someterse a una moción de confianza para intentar salvar los muebles del desastre o convocar elecciones. Pero, inexplicablemente, ha decidido continuar al frente del gobierno como si nada hubiera sucedido. A eso se le llama hacer lo del avestruz.

Pedro Sánchez, por su parte, ante esta situación tenía dos opciones: pactar con Ciudadanos y Podemos y quizá con algún otro partido una moción de censura “instrumental” para convocar inmediatamente elecciones, o presentarla para gobernar durante un periodo y dejar la convocatoria de unos nuevos comicios en la nebulosa de la ambigüedad. Ha optado por esta última salida, para lo que no cuenta con votos suficientes en el Congreso. A eso se le llama querer y no poder.

En mi opinión, ni uno ni otro están teniendo en cuenta la cruda realidad numérica que muestra la composición del Congreso. Rajoy con su terquedad podría seguir al frente del gobierno durante algún tiempo, pero su permanencia está condenada al fracaso, a la ingobernabilidad. No dispone de mayoría absoluta y los tiros le van a llegar desde todos los flancos y desde todos los bancos del hemiciclo, hasta que la vida política se vuelva irrespirable y tenga que ceder. Sánchez podrá expresar su indignación en la tribuna parlamentaria, quemar aún más al PP, pero la moción de censura, tal y como la ha planteado, está condenada a un rotundo fracaso político y, me atrvería a decir, personal. Ciudadanos no le va a dejar que le pise el terreno; Podemos, aunque de momento diga que no exige condiciones, es posible que esté más pendiente del sorpasso que de la gobernabilidad del país; y los separatistas catalanes no van a aceptar que siga adelante sin poner condiciones inasumibles por un partido constitucionalista.

Entonces, ¿a qué estamos jugando? Al juego de la irresponsabilidad, del oportunismo, de la falta de visión de Estado. No sólo por parte del PP y del PSOE, que también. Por parte de todos, absolutamente de todos. Porque Ciudadanos, que tanto presume de su acoso a la corrupción, está dispuesto a permitir que el PP continúe, no sea que vengan los socialistas y Sánchez le haga sombra. Porque Podemos, que ahora dice actuar sin condiciones, ha sembrado la suficiente desconfianza en los últimos años para que se recele de sus buenas intenciones. Porque los separatistas, que proclaman que Rajoy es incapaz de negociar, anteponen ahora de manera descarada sus pretensiones al interés general y a la oportunidad que se les brinda de que se abra el diálogo, pero sin condiciones previas.

Sí, señores diputados, nuestro sistema es parlamentario. Lo que sucede es que ustedes parecen ignorar esa realidad. Se comportan como si cada uno por separado creyera que cuenta con el apoyo del Congreso de los Diputados al completo, y no es así.

Por eso digo aquello de ¡manda huevos!, expresión de acrisolada tradición parlamentaria donde las haya, que ahora como nunca me viene a huevo.

Salir de Málaga para entrar en Malagón

No creo que nadie a estas alturas de la película vaya a negar que Ciudadanos es un partido de derechas. Está en su perfeto dereho, claro que sí, pero lo que no cuela es que intente hacernos creer que es liberal progresista, socialdemócrata moderado o de centro reformista. Sus tics lo delatan, y por mucho que se vista de seda, mona se queda.

Es conocido que Ciudadanos –Ciutadans- nació en Cataluña para combatir al nacionalismo catalán. El Partido Popular hacía tiempo que nada tenía que hacer en aquellos pagos y Ciudadanos quería cubrir el vacío que debería haber ocupado la derecha tradicional española si no hubiera hecho las cosas tan mal, si hubiera advertido a tiempo lo que se nos venía encima. Después, cuando los de Albert Rivera vieron la debacle que se avecinaba a los sucesores de Aznar por culpa de la corrupción, decidieron dar el salto a la política de ámbito estatal, castellanizar el nombre, trasladar su cuartel general a Madrid y lanzarse a la conquista del espacio político que actualmente ocupa el PP.

Ya sé que existen otros relatos, porque no son pocos los que desde la derecha o incluso desde la izquierda han caído en el embaucamiento que producen las promesas de sus dirigentes, algo que, si podía entenderse al principio dado el disfraz de moderación con el que se envolvían, cuesta mucho comprender ahora, cuando los himnos reivindicativos de exaltado amor patrio y las banderas al viento acompañan sus mítines, cuando, como siempre ha hecho la derecha radical de todos los tiempos y de cualquier lugar del mundo, se apoderan de los símbolos que son de todos. Sólo les falta aquello tan bonito de las montañas nevadas, al menos de momento.

Que los desencantados del PP busquen refugio en las filas de Ciudadanos, cuando les faltan bomberos para tantos fuegos, es muy fácil de entender. No deja de ser su alternativa natural. Pero resulta inconcebible que lo hagan tradicionales votantes de partidos progresistas. A no ser que, desengañados o aburridos, se agarren a la novedad de Ciudadanos como a un clavo ardiente. Pero ojo, porque pensar que los de Albert Rivera vayan a romper una lanza en defensa del estado del bienestar o estén dispuestos a mejorar el poder adquisitivo de las pensiones o a defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres o a mantener la sanidad pública y las becas escolares, es como creer que la Pasionaria en su día hiciera romerías para rezar a la Virgen del Rocío.

Los gestos de derecha radical de Ciudadanos son cada vez más evidentes. La crisis de Cataluña les ha dado pretextos para alinearse con lo más radical del nacionalismo excluyente español, ese que niega la diversidad de España. En sus palabras, en sus frases y en sus discursos no hay una sola alusión a lo que nos une, sólo a la obligación ineludible de permanecer unidos, sin contemplaciones ni disculpas. Se han convertido en el reverso del separatismo fanático de Puigdemont y sus palmeros, para los que no hay alternativa a la independencia. Está funcionando una vez más la ley de la intransigencia bidireccional, tan tristemente conocida por los españoles.

Quizá en vez de haber titulado estas líneas como salir de Málaga para entrar en Malagón, debería haberla encabezado con la frase de aquel viejo chiste, virgencita que me quede como estoy. Pero sucede que este asunto no es para tomárselo a chirigota, ni mucho menos.

Por la boca muere el pez

Hay noticias que me urgen a sentarme frente al ordenador y empezar a escribir lo que en ese momento me dicte la razón, no vaya a ser que si dejo pasar el tiempo me tranquilice y mi reacción pierda fuerza. Sé que no es una buena costumbre, porque las precipitaciones pueden traer aparejada la falta del rigor necesario para no caer en apreciaciones equivocadas. Pero, sin embargo, considero que es una eficaz terapia  para soltar el lastre de algunas inquietudes.

Una de esas noticias ha sido la compra por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero de un chalé, creo que en La Navata, valorado en seiscientos mil euros. Nada que objetar por mi parte, porque hasta ahí podíamos llegar. Cada uno hace con sus ingresos y con su patrimonio lo que le viene en gana y estaría bueno que dos políticos tan conocidos como ellos no pudieran  hacer frente a una hipoteca por ese importe y con un plazo de amortización de treinta años. No, no es esta parte de la noticia la que me ha hecho saltar como un resorte y por la que me he puesto a escribir. Es otra.

A los líderes de Podemos se les ha llenado la boca durante mucho tiempo con broncas expresiones contra los mayordomos de los explotadores sociales (sic) y con promesas de demostrar con su recatado y sobrio estilo de vida su cercanía a la gente (sic). Ha sido durante estos últimos años una canción ininterrumpida, una balada monótona de autoalabanza y de menosprecio a los insensibles ante la desigualdad. Era su santidad frente a los hábitos demoníacos de los demás. Reiteradas declaraciones que suponen un contrasentido, una incoherencia con su decisión de comprar una casa que no está al alcance de la inmensa mayoría de los españoles. Por eso, y no porque no puedan vivir donde y como les plazca, es por lo que me he puesto a escribir estas líneas.

Jaime Gil de Biedma escribió, en un maravilloso poema, que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde. Quizá Irene y Pablo se hayan empezado a dar cuenta ahora de que la defensa de las políticas progresistas nada tiene que ver con el estatus económico de quien las defiende, que hay pobres de solemnidad con mentalidad conservadora y que se puede gozar de una posición económica desahogada y tener el alma progresista. En definitiva, que el hábito de la pobreza no hace al monje progresista.

Ojalá que a partir de ahora se centren más en la categoría política y dejen a un lado la anécdota pintoresca. Lo primero requiere pragmatismo y concreción, y no es fácil. Lo segundo por el contrario no es difícil, pero no deja de ser farfolla parlanchina inútil y sin contenido práctico. Eso que algunos llaman populismo y otros demagogia. Mucho ruido y pocas nueces.

Por lo demás, les deseo a los dos con sinceridad que disfruten de su nueva casa, que por cierto parece en las fotos bonita y confortable. Estarán en su perfecto derecho.

Habemus president

Sí, ya tenemos presidente de Cataluña. Lo tenemos los españoles, catalanes o no, porque lo es de una comunidad autónoma de las diecisiete que constituyen el estado español y gracias a unas leyes amparadas por la constitución española. Deberíamos por tanto alegrarnos todos, sea o no el perfil político del elegido de nuestro agrado. La normalidad institucional es un valor añadido y la aceptación de los resultados de unas elecciones un principio democrático. Es cierto que los primeros gestos del designado no vaticinan nada positivo, ni mucho menos sus antecedentes de tintes racistas, xenófobos y supremacistas, tres adjetivos que por separado causan alarma y juntos no permiten abrigar grandes esperanzas sobre su capacidad política. Pero aun así, es conveniente esperar a que dé los primeros pasos antes de anatematizarlo.

Las prisas, la vehemencia política no conducen a nada. Vivimos con fortuna inscritos en un mundo democrático y las pulsiones autoritarias se pagan y de qué manera. Muchas veces obteniendo exactamente los objetivos contrarios a los que se persiguen. Mantener la unidad territorial de España requiere inteligencia y no visceralidad. No es un asunto baladí, ni mucho menos. Es de enorme trascendencia. Pero hay algunos que al socaire de su supuesta españolidad a ultranza lo que están en realidad haciendo es campaña electoral. No por gritar más fuerte la palabra patria se es más patriota. No por condenar el catalanismo sin ambages se es más español.

Desde mi punto de vista, la aplicación del artículo 155 debe suspenderse, porque las premisas bajo las que se puso en marcha ya no existen. Conjeturas aparte sobre las intenciones que abrigue Quim Torra, son los hechos y no sus escritos ni sus discursos los que mandan. Aunque ha dejado clara su intención de continuar adelante con las pretensiones de los separatistas, mientras no se salte las leyes está en su perfecto derecho a defender políticamente lo que quiera. Ahora bien, si no respeta las leyes que amparan su designación, ya sabe a qué atenerse.

La justicia, en mi opinión, debe continuar con los procesos abiertos. Si se han cometido delitos, deben pagarse de acuerdo con las leyes; y si no, poner en libertad a los imputados cuanto antes mejor. La vuelta a la normalidad institucional no implica el archivo de oficio de las causas abiertas. Lo primero es un hecho político, lo segundo una actuación judicial. No confundamos política con justicia.

Por último, y quizá lo más importante, creo que es preciso iniciar inmediatamente conversaciones entre las dos visiones políticas, la de los que no quieren que España se trocee y la de los que aspiran a la independencia de Cataluña. No entre dos gobiernos de igual rango, porque, de acuerdo con las leyes vigentes, el gobierno catalán no tiene la misma entidad jurídica que el español, sino entre dos posiciones políticas encontradas. Ni el ejecutivo central puede modificar la constitución sin contar con el parlamento español, ni el catalán tomar decisiones al margen de las leyes españolas.

Existen soluciones políticas que satisfarían en gran medida las aspiraciones de todas las partes, muchas más de las que en principio pudiera parecer. No darán satisfacción por completo a todos, pero en eso consisten las negociaciones, en buscar puntos de encuentro, en pactar acuerdos inteligentes entre posiciones discordantes, porque los que piensan igual nada tienen que pactar.

Terrorismo en casa

Ahora que la banda de fanáticos asesinos de ETA ha dejado de machacar sin piedad y sin criterio a los ciudadanos de nuestro país, me he dado cuenta de que a sus barbaridades, a sus desalmados crímenes, no les he dedicado ni una sola línea en este blog, a pesar de que, como ya he dicho en más de una ocasión, si escribo aquí es para dar salida a mis emociones, sean éstas agradables o penosas. Quizá haya sido porque la rabia y la impotencia que siempre he sentido ante las atrocidades que cometían los etarras no me permitiera ni siquiera razonar sobre su existencia. Puede que un sentido de inutilidad ante lo que pudiera expresar en aquellos momentos me impidiera escribir sobre el terrorismo etarra.

Como todo lo que se pueda decir sobre ETA ya se ha dicho, me voy a limitar a sacar algunas conclusiones marginales, pequeñas anotaciones que he ido almacenando en mi memoria a lo largo del sucio conflicto terrorista.

La victoria, si es que así se puede llamar al cese de la violencia por consunción, ha sido de la sociedad en su conjunto, vasca en particular y española en general. Entre los políticos, a los que no voy a quitar el mérito que se merecen por haber dirigido la lucha con prudencia y no haber caído en la tentación de la desmesura, ha habido de todo, desde los que han actuado con sentido de responsabilidad hasta los que, al rebufo de las explosiones, han intentado arrimar el ascua de la barbarie a la sardina de sus intereses partidistas. Como las hemerotecas están llenas de acusaciones como la de “tiene las manos manchadas de sangre” dirigida a José Luis Rodríguez Zapatero, no voy a extenderme más en este asunto. Para muestra basta con un botón. Sólo diré que hay que ser ruin y miserable para expresar semejante dislate sin morirse de vergüenza.

Las víctimas se cuentan por centenares. No debemos olvidarlas, pero no para mantener el odio, que a nada conduce, sino para que la verdadera dimensión del conjunto de tragedias humanas que originó el fanatismo absurdo y sin sentido no se pierda en la oscuridad del tiempo. Ni tampoco esgrimirlas como arma partidista, porque su sufrimiento no tiene color, no pertenece a nadie, a ningún partido, sólo a la sociedad en su conjunto. Ni por supuesto vivir a costa de la tragedia como hacen algunos, que han convertido la pérdida de los suyos en su modus vivendi.

Los que miraban para otra parte cuando la sangre se derramaba a su alrededor, porque en el fondo comulgaban con los autores de los asesinatos, harían muy bien en callar ahora, ya que fueron cómplices pasivos o no tan pasivos de los criminales. Bastante vergüenza arrastran sobre sus espaldas como para que encima intenten minimizar la magnitud de la tragedia que originaron sus “héroes”.

Ojalá nunca más volvamos a ser testigos de tanta atrocidad, de tanto derramamiento de sangre. Ojalá esta guerra sucia nunca vuelva a repetirse en nuestro país.

Imputados o bajo sospecha. In vigilando o in fraganti

La dimisión de Cristina Cifuentes ha tenido la virtud de renovar mi  interés hacia los asuntos políticos relacionados con la Comunidad de Madrid y he empezado a revisar, no sin asombro, la trayectoria y el destino de sus presidentes, todos, si exceptuamos al socialista Joaquín Leguina, del PP. Concretamente, y por orden cronológico, Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes. Dos de ellos, Ruiz-Gallardón y González, investigados o imputados por prevaricación y malversación de caudales públicos, Esperanza Aguirre dimisionaria por culpa in vigilando y Cristina Cifuentes forzada a abandonar el cargo por hurto descubierto in fraganti, además de por mentir más que hablar. Toda una panoplia de comportamientos irregulares, que, si no fuera porque existe documentación que avala su veracidad, uno pensaría que se encuentra ante un panfleto difamatorio urdido por los adversarios del PP. Pero no: es una situación tan cierta como que los números primos son indivisibles o que el agua hierve a la temperatura de cien grados Celsius.

Me confesaba el otro día una buena amiga, fiel votante del partido Popular, que estaba muy cabreada con la situación de los suyos. No me extraña, le contesté, porque resulta cuanto menos esperpéntica. Lo que no me dijo -ni se lo pregunté porque uno es muy reservado cuando entra en ciertas materias con personas a las que quiere- era a quién pensaba votar en las próximas elecciones. Aunque, si tengo en cuenta que pertenece a ese amplio grupo social que ha convertido el rechazo a todo lo que huela a izquierdas en indefinida ideología anti, el olfato me dicta que terminará otorgando su confianza a Ciudadanos, un partido tan conservador o más que el PP, pero al menos sin tacha aparente hasta el momento. Los votantes conservadores han encontrado en la formación que lidera Albert Rivera una cómoda tabla de salvación a su medida.

Ante esta situación de deterioro, de falta de ética y también de estética, la pregunta que me hago es qué le sucede a la izquierda, incapaz de superar a la derecha en las encuestas, a pesar de que las circunstancias se lo hayan puesto a huevo. Pero me temo que la respuesta sea mucho más compleja que la pregunta. Además dependerá de quien sea el que opine, si un simpatizante del partido socialista o un inscrito en Podemos o un incondicional de la derecha. Los primeros acusarán a los segundos de haber dividido al electorado progresista con promesas de reformas irrealizables, los de Podemos al PSOE de traicionar al pueblo y de ser más fachas que la Virgen del Pilar, y los últimos dirán de los anteriores, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que ni la socialdemocracia ni el anticapitalismo disponen de recetas que resuelvan los problemas de la sociedad de nuestros tiempos. Y mientras tanto la izquierda en declive y los conservadores manteniendo en conjunto sus posiciones electorales. Porque, según las encuestas, si mañana se celebraran elecciones, los partidos de derechas en su conjunto las ganarían por mayoría absoluta. Y lo peor para la izquierda no es eso,  lo peor es que PSOE y Podemos representan dos posiciones muy distantes entre sí, tanto como puedan serlo la moderación pragmática y el paso a paso, por un lado, y la radicalidad vehemente y las prisas, por el otro. Dicho en román paladino para que nos entendamos todos, se trata de dos tendencias con estrategias irreconciliables, de las que los conservadores están sacando todo el provecho que pueden, a pesar de sus escándalos.

La izquierda moderada llegó a atraer en un momento determinado y durante muchos años las preferencias de una mayoría social de nuestro país, lo que permitió que España fuera saliendo poco a poco del atraso social en el que había caído después de tantos años de dictadura y de abusos. Poco a poco, es cierto, porque si se quiere ser eficaz no se puede ni se debe olvidar nunca las realidades sociales, las inercias refractarias y las mentalidades asustadizas. Ni tampoco, y esto a veces se olvida por completo, los poderes fácticos, que siempre estarán ahí vigilando la defensa de sus intereses.

Los violadores de Pamplona

A mí, que no soy jurista, la pena dictada por los jueces en el juicio a los violadores de Pamplona me ha parecido del todo insuficiente. Lo digo de antemano, para después hacer algunas reflexiones que quizá parezcan contradictorias con el comentario inicial. Porque, desde mi punto de vista, lo que está sucediendo tras conocerse la sentencia tiene poca explicación en un país que se considere civilizado. Por un lado las masas estableciendo juicios paralelos sin respeto a los cauces legales -que por cierto en este caso no se han agotado definitivamente-, y por otro el gobierno, consciente de la impopularidad de la sentencia, alimentando la hoguera populista con la vista puesta en los posibles réditos electorales que les pueda otorgar ponerse en contra de la decisión de los jueces. Pero vayamos por partes.

No voy a entrar en la clasificación penal del delito, en el nomen iuris al que se refieren los entendidos, entre otras cosas porque no es el propósito de esta entrada. Me voy a limitar a tratar el asunto desde la perspectiva del profano, que aquí y ahora es la que me interesa. Entiendo, cómo no, la protesta feminista, porque suponer que no ha habido violencia es mucho suponer. No parece que una chica, con una tasa de alcohol muy alta en su cuerpo, encerrada por cinco energúmenos en un portal de pequeñas dimensiones, pueda escapar del acoso de sus atacantes. La situación implica, por sus circunstancias, un grado de violencia real, aunque no haya habido empleo de la fuerza física por innecesario.

Pero el que las cosas sean así de evidentes no justifica la generalización. Cuando oigo gritar la justicia es una mierda me indigno, porque significa un ataque indiscriminado a una de las instituciones clave del estado de derecho, al conjunto de profesionales a los que la sociedad ha encargado que imparta justicia. Vilipendiar el nombre de la judicatura entera por un caso particular, sólo puede justificarse bajo la óptica de la ira popular, que se mueve por impulsos emotivos, sin detenerse a considerar aspectos racionales. Puedo entender la rabia, pero no la justifico.

Lo del gobierno ya es otra cosa. Ni entiendo su actitud ni la puedo justificar. Que en un estado democrático el poder ejecutivo cuestione la labor del poder judicial es peligroso en extremo, porque pone de manifiesto un desequilibrio institucional impropio de una democracia consolidada. El ministro de Justicia, en vez de contribuir a apaciguar a las masas con razonamientos comprensibles por todos, parece como si intentara soliviantarlas, sólo porque cree que con esa actitud se pone a favor de la corriente mayoritaria para así ganar votos. Una irresponsabilidad manifiesta. Cuando escribo esto, cinco asociaciones de jueces y tres de fiscales -la judicatura al completo- de todas las tendencias políticas están pidiendo su dimisión, acusándolo de temeridad e injerencia, una situación que escenifica perfectamente el deterioro institucional que estamos sufriendo. El asunto no es en absoluto baladí.

El gobierno dispone de herramientas suficientes para reconducir esta situación sin caer en el populismo ramplón. No lo digo yo, lo dicen los propios jueces. Desde la intervención de la fiscalía mediante los pertinentes recursos, hasta la revisión de las leyes para que los delincuentes de esta índole reciban la pena que les corresponde. Lo que sucede es que estas actuaciones pudieran no ser entendidas por el pueblo enfurecido, mientras que ponerse a favor del viento popular les resulta más rentable a corto plazo.

Ya está bien de chapuzas, por favor, que no somos un país tercermundista.