Habemus president

Sí, ya tenemos presidente de Cataluña. Lo tenemos los españoles, catalanes o no, porque lo es de una comunidad autónoma de las diecisiete que constituyen el estado español y gracias a unas leyes amparadas por la constitución española. Deberíamos por tanto alegrarnos todos, sea o no el perfil político del elegido de nuestro agrado. La normalidad institucional es un valor añadido y la aceptación de los resultados de unas elecciones un principio democrático. Es cierto que los primeros gestos del designado no vaticinan nada positivo, ni mucho menos sus antecedentes de tintes racistas, xenófobos y supremacistas, tres adjetivos que por separado causan alarma y juntos no permiten abrigar grandes esperanzas sobre su capacidad política. Pero aun así, es conveniente esperar a que dé los primeros pasos antes de anatematizarlo.

Las prisas, la vehemencia política no conducen a nada. Vivimos con fortuna inscritos en un mundo democrático y las pulsiones autoritarias se pagan y de qué manera. Muchas veces obteniendo exactamente los objetivos contrarios a los que se persiguen. Mantener la unidad territorial de España requiere inteligencia y no visceralidad. No es un asunto baladí, ni mucho menos. Es de enorme trascendencia. Pero hay algunos que al socaire de su supuesta españolidad a ultranza lo que están en realidad haciendo es campaña electoral. No por gritar más fuerte la palabra patria se es más patriota. No por condenar el catalanismo sin ambages se es más español.

Desde mi punto de vista, la aplicación del artículo 155 debe suspenderse, porque las premisas bajo las que se puso en marcha ya no existen. Conjeturas aparte sobre las intenciones que abrigue Quim Torra, son los hechos y no sus escritos ni sus discursos los que mandan. Aunque ha dejado clara su intención de continuar adelante con las pretensiones de los separatistas, mientras no se salte las leyes está en su perfecto derecho a defender políticamente lo que quiera. Ahora bien, si no respeta las leyes que amparan su designación, ya sabe a qué atenerse.

La justicia, en mi opinión, debe continuar con los procesos abiertos. Si se han cometido delitos, deben pagarse de acuerdo con las leyes; y si no, poner en libertad a los imputados cuanto antes mejor. La vuelta a la normalidad institucional no implica el archivo de oficio de las causas abiertas. Lo primero es un hecho político, lo segundo una actuación judicial. No confundamos política con justicia.

Por último, y quizá lo más importante, creo que es preciso iniciar inmediatamente conversaciones entre las dos visiones políticas, la de los que no quieren que España se trocee y la de los que aspiran a la independencia de Cataluña. No entre dos gobiernos de igual rango, porque, de acuerdo con las leyes vigentes, el gobierno catalán no tiene la misma entidad jurídica que el español, sino entre dos posiciones políticas encontradas. Ni el ejecutivo central puede modificar la constitución sin contar con el parlamento español, ni el catalán tomar decisiones al margen de las leyes españolas.

Existen soluciones políticas que satisfarían en gran medida las aspiraciones de todas las partes, muchas más de las que en principio pudiera parecer. No darán satisfacción por completo a todos, pero en eso consisten las negociaciones, en buscar puntos de encuentro, en pactar acuerdos inteligentes entre posiciones discordantes, porque los que piensan igual nada tienen que pactar.