Justicia europea

Me considero un europeísta convencido. Lo he dicho aquí en varias ocasiones y lo volveré a decir siempre que venga a cuento. Por eso pienso que, aunque pertenecer a una comunidad de estados suponga ceder algunas parcelas de autonomía en beneficio del conjunto, el balance entre lo que se pierde y lo que se gana es siempre positivo. Si a eso le unimos que cuando se crean supranacionalidades es preciso dotarlas de instituciones comunes, nada tiene de particular que la Unión Europea cuente con un Tribunal de Justicia, de la misma manera que dispone de un Parlamento, de una Comisión, de un Consejo y de un Banco Central. Pero es que además, cuando se está en el empeño de crear una comunidad de naciones como la europea, es necesario unificar criterios en todos los ámbitos, en el económico, en el laboral, en el de las relaciones exteriores, en el de la defensa y, cómo no, en el de la justicia. Si no fuera así, no estaríamos hablando de una comunidad de naciones sino de un simple pacto coyuntural entre estados.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un órgano institucional con competencias en el conjunto de la Unión y por tanto en España. Decir, como les he oído expresar a algunos, que con el dictamen sobre la inmunidad de Oriol Junqueras los jueces europeos se han inmiscuido en los asuntos internos de nuestro país es ignorar la realidad institucional de Europa. Los magistrados de este tribunal  son también magistrados españoles, como los jueces españoles lo son comunitarios. Decir lo contrario es faltar a la verdad, o por desconocimiento manifiesto o por mala fe. Existen unos tratados de obligado cumplimiento y es preciso respetarlos, nos guste o no.

Digo nos guste o no, porque es evidente que la resolución del alto tribunal europeo ha dejado muy satisfechos a algunos y muy insatisfechos a otros. Esa diferencia de percepciones es legítima, porque al fin y al cabo estamos ante una cuestión que afecta a la política, en la que cabe toda clase de posiciones. Pero lo que no es admisible es considerar que el Tribunal de Justicia Europeo se haya inmiscuido en nuestros asuntos de manera fraudulentae. Lo ha hecho porque tiene competencia para ello desde el momento en que España pertenece a la Unión Europea.

No voy a entrar hoy en el meollo del caso concreto de Oriol Junqueras, en primer lugar porque sería meterme en un terreno muy resbaladizo y no me gusta patinar, y en segundo porque ni siquiera los que de verdad tienen competencia para hacerlo, los tribunales españoles de justicia, se han pronunciado hasta ahora, más allá de pedir a las partes que se manifiesten. Quizá más adelante cuando la situación se clarifique, me atreva a dar mi opinión, que por supuesto la tengo.

Lo que toca ahora es dejar a la justicia que hable, a la española y a la europea. Es un asunto que pertenece al ámbito jurídico y que por tanto no debe mezclarse con el de la política. Ya sé que alguno pensará que me paso de ingenuo, pero es que creo firmemente en que una cosa es la administración de justicia y otra muy distinta la gestión de la cosa pública. Dejemos a los jueces que hablen entre ellos y animemos a nuestros políticos a que sigan negociando lo que a ellos les corresponda.