No tengo claro de dónde procede esta nueva estrategia de
ataque al gobierno, si de algún expresidente popular de los que ponen los pies
sobre la mesa cuando visitan a Bush o de alguno de los estrategas que aconsejan
a Feijóo y a Abascal o de la ínclita presidenta de Madrid. Lo digo porque todos
ellos se han expresado en términos muy parecidos, lo que dificulta conocer la
autoría de esta iniciativa.
De lo que no tengo ninguna duda es de cuál es la razón de la nueva salida de pata de banco, porque no puede ser otra que el miedo que les ha
debido de entrar ante la posible derrota en las próximas elecciones generales.
Puede que alguno de sus sondeos internos les haya encendido una luz roja o,
también, que al ser incapaces de conseguir un adelanto de elecciones teman que
el tiempo juegue contra ellos.
El año pasado, cuando las elecciones extremeñas, ya hubo un
ensayo general de sembrar dudas ante un posible pucherazo. En aquel caso se
trataba de la desaparición de poco más de un centenar de papeletas, un suceso que
luego resultó ser, según la Guardia Civil, un robo cometido por delincuentes
comunes. Curiosamente, cuando los acusadores pusieron el grito en el cielo no
sabían si el “pucherazo” les perjudicaba o les beneficiaba. Pero eso para ellos no tenía importancia, porque el objetivo era sembrar dudas sobre la honorabilidad del adversario.
Cuando se ha perdido el pudor y la vergüenza nunca se sabe
hasta dónde puede llegar el impúdico y el desvergonzado. Son reacciones que
responden a la rabia acumulada durante casi ocho años de clamar en el desierto,
a la que se une el pánico a que la agonía continúe.
Lo que sucede es que tanta desmesura se puede volver contra
ellos. Los incondicionales aplaudirán cualquier falacia, por exagerada que sea. Sin embargo, a los indecisos no puede gustarles que en la confrontación se introduzcan
dudas absurdas sobre el funcionamiento de las instituciones. Porque hablar de
pucherazo significa descalificar a la Junta Electoral, al Tribunal Constitucional y
al Congreso de los Diputados. Se trata de un aumento de la agresividad partidista que no
puede dejar indiferentes a los bienintencionados.

Comparto plenamente la idea de que una oposición tiene no solo el derecho, sino la obligación de criticar al Gobierno. Esa es una parte esencial de cualquier democracia. Pero creo que esa crítica debería centrarse en las decisiones que se toman, en las leyes que se aprueban, en la gestión y en las alternativas que se proponen.
ResponderEliminarCuando, sin pruebas, se empieza a sembrar la sospecha sobre la limpieza del sistema electoral o sobre el funcionamiento de las instituciones, ya no se está discutiendo la actuación de un gobierno, sino que se corre el riesgo de debilitar la confianza de los ciudadanos en la propia democracia. Y esa es una línea que conviene no cruzar.
Podemos discrepar profundamente sobre las políticas de un gobierno, y es sano que así sea. Lo preocupante es sustituir el debate de las ideas por la descalificación de las instituciones que garantizan las reglas del juego.
Lo que sucede es que cuando se arrastra la frustración, todo vale. Incluso poner en peligro la democracia. La pregunta que me hago es: ¿les importa ponerla en peligro?
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